Constructoras piden al Gobierno italiano arreglar unas controvertidas ayudas
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Roma, 20 feb (.).- Diversas asociaciones de constructores urgieron hoy al Gobierno de Italia a idear una solución a la controvertida eliminación de los «Superbonus», incentivos fiscales otorgados a las obras en favor del ahorro energético y la sostenibilidad.
Dado el revuelo causado por esa medida, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, recibió hoy en el romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, a distintas asociaciones de constructores así como a bancos y aseguradoras que ofrecen créditos para las obras.
«La solución que buscamos es sobre el total de los créditos, de 110.000 millones de euros (…) Nos estamos esforzando hoy y en los próximos días con reuniones técnicas para desinflar esta burbuja», refirió Giorgetti durante el encuentro, según los medios locales.
El Gobierno italiano ha modificado los llamados «Superbonus», que ofrecen incentivos fiscales y créditos para realizar obras en casas y fachadas en favor de la eficiencia energética, ya que considera que el gasto que suponían para las arcas públicas era excesivo.
En concreto, elimina por sus «efectos negativos» en la deuda pública el programa «Superbonus 110 %», que reembolsaba con deducciones fiscales hasta el 110 % del coste de las obras por la eficiencia energética, de paneles fotovoltaicos o medidas antisísmicas.
El problema reside en la situación de los créditos ya concedidos y que ahora han sido eliminados, lo que causará un grave problema a quienes ya hayan comenzado las obras.
«Espero que escuchen nuestras propuestas y tengan respuestas rápidas porque no hay tiempo», dijo la presidenta de la Asociación Nacional de Constructores (ANCE), Federica Brancaccio, para después proponer el «desbloqueo de los créditos ya concedidos».
El presidente de Confedilizia, Giorgia Spaziani Testa (BME:TST), urgió a «resolver el problema de los créditos paralizados» dada «la necesidad de salvar a las familias que a veces deben incluso vender los inmuebles cuando no logran resolver los problemas de sus obras».
Aunque reconoció que el sistema previo «no era sostenible», abogó por encontrar una alternativa a «la atenuación del bloqueo total de las cesiones de los créditos».
El Gobierno expresó a las constructoras y bancas su determinación a desbloquear el pago de los créditos ya concedidos -estimados en 15.000 millones de euros- para evitar la quiebra de enteras empresas, según avanza la prensa.
La decisión del Gobierno fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado jueves en forma de decreto-ley, método empleado para cuestiones urgentes pero que requiere la aprobación en 60 días en el Parlamento, donde podrá ser enmendado para arreglar esta situación.
