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El Parlamento luso aprueba tasa a beneficios extraordinarios de energéticas


El Parlamento luso aprueba tasa a beneficios extraordinarios de energéticas

 

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Lisboa, 23 dic (.).- El Parlamento de Portugal ha aprobado la tasa temporal que aplicará en 2022 y 2023 a los beneficios extraordinarios de las empresas de energía y del sector de la distribución.

El documento fue aprobado en votación final con el apoyo del Partido Socialista, que gobierna con mayoría absoluta, el Bloque de Izquierda, el animalista PAN y Livre, según medios locales.

El Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y el Partido Comunista Portugués (PCP) se han abstenido y han votado en contra el ultraderechista Chega e Iniciativa Liberal.

El Gobierno aprobó en noviembre una propuesta de ley para tasar con un 33 % los beneficios extraordinarios de las empresas de estos dos sectores que registren ganancias al menos un 20 % por encima de la media de los cuatro años anteriores, y ha recibido el visto bueno de los diputados esta semana.

Quedan exentas las pequeñas y medianas empresas cuando no estén integradas en un grupo que facture más de 100 millones de euros.

GALP ESTIMA IMPACTO DE 100 MILLONES EN 2022

Pese a que el secretario de Estado de Asuntos Fiscales, Nuno Félix, defendió ante el Parlamento que esperan recaudar entre 50 y 100 millones de euros con esta tasa, la petrolera lusa Galp (ELI:GALP) ya ha avanzado que estima en 100 millones de euros el impacto que tendrá solo en sus resultados de 2022.

«De forma preliminar, este nuevo impuesto podría impactar potencialmente a Galp hasta en 100 millones de euros en relación con el ejercicio fiscal 2022», informó la compañía en un comunicado remitido este viernes a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.

Asimismo, aclaró que la tasa puede ser aplicable a sus actividades comerciales de refino en Portugal tanto en 2022 como 2023.

La Asociación Portuguesa de Empresas de Distribución (APED) afirmó a finales de noviembre que se prepara para recurrir la norma en los tribunales, ya que puede haber «cuestiones de constitucionalidad y fiscalidad».

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