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Extraditan a guatemalteco desde Panamá por millonario caso de evasión fiscal


Extraditan a guatemalteco desde Panamá por millonario caso de evasión fiscal

Ciudad de Guatemala, 26 nov (EFE).- El empresario guatemalteco José Barrios Hernández fue extraditado este sábado desde Panamá a su país natal por un caso de defraudación tributaria por parte de un supermercado y que ascendería a 19 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) guatemalteca informó que Barrios Hernández arribó a Guatemala procedente de Panamá, donde fue detenido por la Policía Internacional (Interpol, siglas en inglés).

«Barrios Hernández tiene orden de aprehensión por el delito de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación», puntualizó el Ministerio Público mediante sus canales de comunicación.

El caso fue destapado en 2020 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, dirigida en aquel momento por el abogado Francisco Sandoval, hoy exiliado en Estados Unidos.

Sandoval y la FECI detallaron en su momento que la defraudación provenía de la cadena de supermercados denominados La Barata, tras una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, ente recaudador de impuestos en Guatemala.

La acusación de la SAT fue en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, propietaria de los supermercados.

Según diversas fuentes, Barrios Hernández es el representante legal de dicha empresa en Guatemala.

La presunta defraudación tributaria por alrededor de 150 millones de quetzales en moneda local (19 millones de dólares aproximadamente) tuvo lugar entre 2017 y 2019, al no reportarse a la SAT un alto porcentaje de transacciones de ventas.

Guatemala vivió entre 2014 y 2020 una amplia e histórica lucha anticorrupción comandad por la FECI de Sandoval, en la cual fueron imputados por corrupción más de 200 personas entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios de alto perfil.

Sin embargo, Sandoval tuvo que dejar el país en 2021 al ser despedido de la FECI por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, sancionada ese mismo año por Estados Unidos bajo acusaciones de «obstruir» la Justicia en casos de alto impacto en Guatemala.

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